Los despachos españoles "deben salir de la zona de confort permanente" en la que, según Eugenia Navarro, se encuentran muchos y "tener estructuras o mentalidades abiertas al cambio",


Hablar de innovación en el sector legal todavía llama en cierta medida la atención por el tópico de considerar a los operadores jurídicos, y en particular a los abogados, reacios a los cambios y en parte por una contrastada realidad de retraso histórico en la modernización del Derecho y la justicia en España que cualquier conocedor de la administración de justicia o de la enseñanza legal puede acreditar.
La realidad se sitúa en un punto intermedio, pero "con mucho recorrido", como afirma Eugenia Navarro, profesora de Marketing Jurídico en Esade, para la que los aspectos a modernizar en el mundo legal son muchos porque precisamente "ha sido un sector poco innovador en el servicio" y particularmente en lo referido a "los ámbitos de gestión, tanto en recursos humanos como en marketing y comunicación y, sobre todo, en cómo vender servicios legales". Su amplia experiencia en la dirección de marketing le ha llevado a concluir que "el abogado es en sí mismo una unidad de negocio y le toca realizar tanto aspectos técnicos legales como de gestión, tanto si ejerce solo o en un despacho. La innovación forma parte de la propia profesión y eso -dice sin dudar- es algo que a los abogados les cuesta aceptar".
Directora del curso de gestión de despachos profesionales en el IDEC, Eugenia Navarro está convencida de que "el paradigma del abogado ha cambiado y el desarrollo de la gestión está integrado en el propio ejercicio de la profesión, incluso la venta de servicios profesionales" y para ello "la innovación forma parte de la diferenciación en un mercado que no reconoce el valor técnico como diferenciador entre firmas de un mismo rango". Coincide con este análisis José Luis Pérez Benítez, consultor especializado en operaciones y dirección de equipos de Pérez & Partners, que considera que "los bufetes, en general, se vienen gestionando de forma parecida a como lo realizaban históricamente. Muy pocos han profesionalizado su gestión y dirección y tienen interiorizado que un despacho es una empresa destinada a ganar dinero y que ha de regirse por criterios empresariales". El abogado es un profesional influido por su vocación de servicio público y en el que el adjetivo "liberal" que acompaña a la profesión goza de toda su amplitud. Pero esto, según Pérez Benítez, no debe ser incompatible con una "gestión empresarial". Para el consultor, "ser más rentable y eficiente no es algo ajeno o contradictorio con la profesión, sino todo lo contrario. En mi opinión, la mejor forma de garantizar el mejor servicio jurídico a la sociedad, y que la sociedad se merece, es a través de firmas y profesionales rentables y sostenibles" y ofrece el "pro bono" como el mejor vehículo para canalizar la vocación de servicio público.
Innovación: ¿solo para los grandes?
Diversos son los perfiles de los abogados, casi tantos como profesionales en ejercicio o al menos como firmas en activo. De los big four a los despachos unipersonales, de las grandes capitales a las pequeñas poblaciones, los modelos son múltiples. Esto, según Eugenia Navarro, no es determinante para introducir herramientas de innovación. "Creo que el tamaño de la firma no importa, y de hecho en las redes sociales vemos despachos muy pequeños que son más activos y más innovadores que muchos más grandes".
Para la profesora de Esade, la innovación "es algo que se puede trabajar a nivel individual y que contribuye a la marca personal de cada profesional". José Luis Pérez, por su parte, cree que "los despachos grandes -no me gusta llamarlos grandes despachos- pueden innovar más que los despachos pequeños o medianos. Estos, obviamente, solo deberán copiar a los primeros. Pero, ojo, copiar bien, y no todo".
Y ahora, ¿en qué innovamos?
Muchas son las facetas y más si consideramos ya a un bufete, sea cual sea su tamaño, una empresa o una unidad de negocio. Unas estarán relacionadas con la gestión interna, como los sistemas de facturación, otras con el cliente, como son la captación o fidelización, o con la propia estructura, como los relativos a los socios o funciones profesionales.
Los despachos españoles "deben salir de la zona de confort permanente" en la que, según Eugenia Navarro, se encuentran muchos y "tener estructuras o mentalidades abiertas al cambio", porque "la innovación requiere una constante puesta en duda de los sistemas existentes y la convicción de áreas de mejora".
Para la experta en marketing jurídico, el legal es "un sector muy tradicional y conservador por la propia naturaleza de la profesión y porque ha costado mucho que se entiendan y que se gestionen como empresas", pero se muestra convencida de un inevitable cambio de tendencia. La larga experiencia de José Luis Pérez como consultor legal le ha convencido de que "las primeras innovaciones han de centrarse en la gestión, en la forma de hacer las cosas desde dentro. Muchas veces se descubren quejas, ineficiencias con los clientes o fugas de socios y adoptamos nuevos procesos y modos innovadores para atajarlos; pero la mayor parte de las veces no son problemas en sí, sino síntomas de un problema interno en la forma de llevar y prestar los servicios jurídicos" y para ello la "modernización" es imprescindible.
Esta aseveración es lugar de encuentro común de todos los expertos consultados. Si la abogacía no se "pone al día" en su concepto de gestión, vendrán tiempos difíciles para la pervivencia de muchos negocios legales en un entorno de liberalización de servicios y competencia creciente. La aprobación de la Ley 25/2009 -más conocida como Ley Ómnibus- puso "patas arriba", en palabras de muchos letrados, el centenario sistema de honorarios, publicidad y, en definitiva, de competencia en el sector legal.
Clave de diferenciación
Sus efectos, aun cuando su aplicación es tan reciente, se están sintiendo ya de forma clara en la gestión de los despachos legales. Esta liberalización en un sector "refractario y en el que el ego es una herramienta necesaria", en palabras de Pérez Benítez, es también una oportunidad para mantener o ampliar el negocio y para mantener la singularidad de cada abogado. Los despachos "no pueden permanecer ajenos a los tiempos porque deben diferenciarse y la innovación es la clave de la diferenciación", dice la profesora Navarro. "Creo que si algo bueno vamos a obtener de esta crisis es la optimización de la gestión en los despachos porque esto les ayuda a ser más competitivos".
Y si no es por mantener un perfil propio será, según Pérez Benítez, por mera razón crematística, ya que en España "los estímulos para innovar y la necesidad de mejorar está viniendo más por los resultados económicos que por ningún otro motivo. El mayor incentivo hoy a la innovación es el estancamiento o la bajada de la facturación, y a esto casi ninguno está siendo ajeno".
La abogacía es, contraviniendo las prescripciones del tópico, históricamente una profesión con enorme capacidad de adaptación y es así por mera razón de ser, ya que el abogado debe adaptarse a los cambios legales, a los cambios procesales y a los usos sociales a la misma velocidad que estos suceden para poder atender a sus clientes. Esta capacidad de absorción hace que se vayan instalando en los bufetes las herramientas y sistemas de actualidad.
En lo que se refiere a la organización interna ha irrumpido en el sistema de gestión de proyectos, el legal project management (LPL) que no es otra cosa que "la adaptación de la metodología de proyecto a las exigencias del sector legal. Se trata de introducir en la gestión de los asuntos legales un enfoque que permite trabajar eficientemente con un control exhaustivo sobre alcance, tiempo y coste de un caso, considerado como proyecto, desde el inicio hasta el cierre, como lo aplica un arquitecto a un proyecto o un ingeniero a una obra civil", explica Anna Marra, abogada italiana con amplia experiencia en gestión internacional y consultora en LPL. La aplicación no solo "no supone riesgo para el abogado frente a sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, sino que más bien contribuye a tutelarle frente a posibles acciones por responsabilidad civil.

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